La renuncia de la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña fue efectiva el mismo día que fiscales del Departamento de Justicia (DJ) comenzaron a entrevistar a su acusador, el director de Investigaciones e Inspección de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Arturo Deliz Vélez, confirmó NotiCel.

Deliz Vélez estaba citado para comparecer el martes ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes que investiga la operación de los centros de inspección. Pero su abogada, Lindsay T. López Murillo, dijo mediante carta que no podía comparecer para no violar la confidencialidad de la investigación que conllevó un referido el viernes pasado contra Pérez Peña para que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la procese criminalmente por posible influencia indebida.

La abogada dijo al presidente de la comisión, José Hernández Concepción, que su cliente no comparecería a ese foro hasta que la OPFEI determine si será testigo en posibles procesos contra Pérez Peña. No hay ninguna prohibición en ley para que un testigo que fue entrevistado por Justicia sea posteriormente entrevistado por otro foro, como la Cámara, pero el legislador a cargo del proceso acogió la excusa.

La carta indica que el testimonio de Vélez Deliz fue “extenso” y duró dos días. López Murillo confirmó a NotiCel que las sesiones ocurrieron el 16 y el 31 de marzo. Esto conlleva que la primera sesión fue el mismo día en que se hizo efectiva la renuncia de Pérez Peña. La funcionaria llevaba semanas bajo escrutinio público, principalmente, por la revelación de una declaración jurada de Deliz Vélez del 3 de octubre de 2025 en la que acusa a Pérez Peña de intervenir con sus superiores para que tomaran represalia en su contra debido a que el supervisor de inspectores mantenía cerrado un centro de inspección en Yabucoa propiedad de la funcionaria y su familia en el que se habían detectado supuestamente cientos de instancias de fraude en inspecciones y expendio de marbetes.

La renuncia de Pérez Peña se conoció el viernes, 13 de marzo, pero la gobernadora luego indicó que sería efectiva el próximo lunes, 16. La misma semana de la renuncia, el lunes 9, se supo que Justicia había solicitado a la OPFEI un término de 90 días para completar su investigación.

La declaración jurada del jefe de inspectores es la única versión oficial que se conoce de la trama hasta ahora. En la misma, se indica que la intervención con el negocio Yabucoa Auto Services ocurrió en 2023, cuando Pérez Peña era subdirectora de la oficina de distrito de la entonces comisionada residente, hoy gobernadora, Jenniffer González Colón. Entonces, el padre de la funcionaria habría amenazado a un inspector diciendo que su hija estaba en la campaña de la gobernadora y que Deliz Vélez “las va a pagar”. Ese centro habría arrojado 1,975 transacciones fraudulentas, para un total de multa de $987,500.

Según el relato, la intervención indebida de Pérez Peña no fue directamente con Deliz Vélez, sino a través de terceros, como su supervisora, la directora de DISCO, Mary Fuster Romero, y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González. A ambos la entonces secretaria de Vivienda los habría increpado sobre el inspector, específicamente, a Fuster Romero le habría dicho que lo tenía que botar. Ambos, la directora y el secretario, están citados para la comisión el miércoles.

López Murillo dijo en su carta que su cliente había sido mencionado “de manera injuriosa y falsa” por otros deponentes, sin especificar. Pero el viernes pasado comparecieron a la comisión varios dueños de centros de inspección que señalaron presiones por parte de Deliz Vélez y describieron un proceso de evaluación y multa arbitrario, sin formalidad y con imposiciones de parte del inspector y otros de su equipo. También, lo colocan en reuniones en las que se les informó que tendrían que cambiar sus máquinas de inspección, que maneja la empresa Cartek Caribe Inc. desde los años 90, por unas de la empresa Worldwide Enviromental Products, Inc. que les costarían un depósito de $6,000 y una mensualidad de $1,500, sin la opción de comprarlas. En estas reuniones, el funcionario estaba acompañado de personal de Worldwide. El DTOP inició la adjudicación del contrato a Worldwide, después de una subasta en la que fueron los únicos licitadores, pero lo detuvo.

La comisión esperaba aclarar tanto lo que pasaba con la supervisión y multas a los centros de inspección, como el cambio de suplidor de las máquinas, el martes con la comparecencia de la exsecretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, pero lograron poco. La exfuncionaria no recordaba o dijo que no atendió directamente, la mayoría de los cuestionamientos que le hicieron en la comisión.

Ante las indicaciones bajo juramento de los dueños de centros de inspección sobre la falta de notificación formal y de vistas en el proceso de multas, así como la falta de documentos básicos sobre ese trámite en los expedientes de investigación que el DTOP compartió con la comisión, Vélez Vega dijo que ella no atendía eso directamente como secretaria, sino que estaba delegado al DISCO y que hay un reglamento que dispone todas las formalidades. “No es cuestión de amenazas ni arbitrariamente”, comentó.

No fue precisa tampoco sobre si la supervisión a los centros produjo referidos criminales a Justicia. En la vista del lunes, el representante Denis Márquez Lebrón observó que Deliz Vélez y su equipo estaban atendiendo administrativamente con multas lo que la ley definía como delitos que debían ser procesados criminalmente. “No estoy segura. No puedo contestar porque no sé”, dijo a preguntas de por qué los relatos de los dueños coinciden en señalar que los inspectores regularmente les ofrecían reducir sus multas a $5,000 y pagar a plazos.

Sobre el cambio de Cartek a Worldwide, explicó que entre DISCO y el Puerto Rico Innovation and Technology Service surgió la opción de hacer un proceso de contratación nuevo para atender problemas técnicos que hay con Cartek y las fallas que tuvieron al cambiar al marbete digital. Cartek no compareció porque no cumplía con los requisitos técnicos, dijo. La funcionaria supervisó la adjudicación inicial a Worldwide pero dijo no recordar que el cambio conllevaba los costos que los centros de inspección señalaron.

“Así ocurrieron las investigaciones de DISCO bajo su incumbencia”, le lanzó Hernández Concepción al enumerar las irregularidades y deficiencias que la comisión ha identificado en la supervisión de los centros de inspección. El legislador adelantó que pedirá al DTOP la creación de un reglamento totalmente nuevo para ese proceso.

“Yo no lo recluté”, aclaró la exsecretaria sobre Deliz Vélez, al abundar que fue uno de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que llegó a la agencia tras la transición a LUMA Energy.

Vea:

Informal, arbitrario y con temor por represalias la supervisión de centros de inspección